Rechazamos y condenamos la ley adoptada por el Parlamento de Uruguay y firmada por el Presidente en funciones de Uruguay, que reconoce los acontecimientos de 1915 como "genocidio". Esta ley viola el derecho internacional, en particular la Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, y es nula de pleno derecho.

Los parlamentos y los políticos no son competentes para emitir juicios sobre cuestiones históricas controvertidas.

Es inaceptable que el Parlamento y el Gobierno de Uruguay intenten lograr sus objetivos políticos internos deformando la historia.